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​Hace tiempo que las musas no me invaden y he preferido no confrontar al Hado por lo que hasta ahora no había publicado nada; no obstante, tuve el infortunio de escuchar por dos días consecutivos los noticiarios matutinos de Tv Azteca y mi cuerpo entero clama por venganza.

No hay que rascarle mucho para encontrar contra qué despotricar, la batalla contra Slim Domit se presta a guasa, pero no fue un buen fin de semana y el calor invita a temas más serios, por ejemplo…

El 25 de marzo pasado los dueños de algunas de centenas medios masivos de comunicación, es decir, Azcárraga, Salinas y una retahíla de subalternos, signaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Como su nombre casi lo indica, se trata de la colusión de los dueños de las televisoras y radiodifusoras de mayor cobertura en el país para hacer lo que siempre han hecho: Ocultar y tergiversar la información que mastican y regurgitan a la irreflexiva teleaudiencia mexicana.

Días antes, las agrupaciones, confederaciones y cámaras empresariales hicieron lo propio, respaldando la estrategia del Gobierno Federal contra el crimen organizado, esto es: La confrontación armada; estratagema que ha causado una considerable cantidad de bajas, cuyo número no podemos saber pues la información ha sido reservada por bien de la humanidad, pero que se calcula ya va por los 40,000.

El acuerdo –que pueden consultar en internet– parece, a simple vista, bastante atinado. Según dicen, hoy en día “la libertad de expresión está amenazada”; y no se trata, desde luego, de que dos empresas acaparen el 88% de los medios masivos de información: Es por el crimen organizado.

Al parecer, los medios se sienten muy culpables pues sin-querer-queriendo se han convertido en “Instrumentos involuntarios de propaganda del crimen organizado” y por tanto, es necesario, entre otras cosas:

“Proponer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines.”

“Establecer mecanismos que impidan que los medios se conviertan en instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado.”

“Promover el respeto a la legalidad, el combate a la impunidad y la participación ciudadana.”

O, en otras palabras, generar una atmósfera informativa más o menos homogénea de que al crimen organizado le va muy mal y está perdiendo la guerra contra el Gobierno Federal.

Para ahorrarse las discusiones interminables e insensatas tan características de la toma de decisiones democráticas, Televisa y Tv Azteca ya han formulado los criterios a los que los medios habrán de ceñirse. Ante todo, habrá que dejar de lado esa idiotez de la imparcialidad informativa y tomar una postura antitética a los criminales:

“Los medios debemos condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada, enfatizar en el impacto negativo que tiene en la población y fomentar la conciencia social en contra de la violencia. Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo.”

Luego habrá que dejar bien en claro que los criminales son algo enteramente distinto a la gente decente evitando “el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes”; tratando de no utilizar “términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales en contra de la delincuencia organizada” –para que la gente no vaya a pensar que después de presos salen libres–; impidiendo “que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos, pues esto les ayuda a construir una imagen favorable ante la población, a convertir en tolerables sus acciones e, incluso, a ser imitados”; y para no hacerles el cuento largo: dimensionar adecuadamente la información, atribuir responsabilidades explícitamente, no prejuzgar culpables, cuidar a las víctimas y a los menores de edad, alentar la participación y denuncia ciudadana, proteger a los periodistas –esto significa: “no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas–,  solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios, y no interferir en el combate a la delincuencia.

Parece una propuesta sensata, dirán, y no es extraño pues en este país la gente ha sido educada por la televisión, y sus capacidades intelectivas han sido minadas imposibilitándoles raciocinios más allá de lo superficial. Se trata, a todas luces, de argumentos bastante lógicos, el problema es que parte de premisas erróneas: El Acuerdo emplea 24 veces los términos delincuente o delincuencia y 12 veces criminales o crimen; y ese es el meollo del asunto.

Fuera de las tesis que, en 1893 propuso Ezechia Marco Lombroso, según el cual, las asimetrías craneales –entre otros rasgos físicos– denotaban la criminalidad de las personas, por lo que:

"En realidad, para los criminales natos adultos no hay muchos remedios: es necesario o bien secuestrarlos para siempre, en los casos de los incorregibles, o suprimirlos, cuando su incorregibilidad los torna demasiado peligrosos"

Alguno que otro empecinado neofrenólogo que sugiere alteraciones neuroeléctricas en los lóbulos temporales y, desde luego, Freud que suponía una homosexualidad reprimida en los asesinos: No existe evidencia alguna de determinantes biológicos u orgánicos en los “delincuentes”; en otras palabras, los delincuentes no son delincuentes porque nacieron delincuentes, ¡No hay ningún gen de la delincuencia! ¡Los criminales –fuera de uno que otro sociópata, regularmente educado bajo normas religiosas estrictísimas y con acentuados conflictos sexuales– no existen! Fuera del oficio, no existe ninguna diferencia entre el ciudadano y el criminal; el crimen es una actividad y no un tipo de persona; eso se sabe desde hace medio siglo.

¿Qué implicaciones tiene esto? Ante todo, que la guerra de Felipe Calderón no es contra un tipo de persona sino contra la misma población, de ahí los 40,000 muertos. El Gobierno Federal y los medios suelen solaparse asegurando que la mayoría de las bajas ocurre por cruentas luchas entre bandos criminales. Las bajas, aseguran, sólo nos acercan a la victoria pues se están acribillando entre ellos. Según dicho argumento, sólo hay que esperar a que se acaben entre sí y luego lidiar con los que resten; esto, disculpen la expresión, es una franca estupidez, que denota incomprensión u omisión intencional de las causas profundas del problema que, a mi parecer, se origina de dos fuentes: El sistema económico y la Prohibición.

Comencemos por la segunda. El narcotráfico es una actividad descomunalmente lucrativa; pero, como la mayoría de las actividades que no implican la satisfacción de necesidades elementales monopolizadas, no se trata de una actividad lucrativa per se. El narcotráfico es lucrativo en función de la prohibición; esto tampoco es nada nuevo, de hecho, ocurrió exactamente lo mismo con la prohibición del consumo de alcohol en Estados Unidos.

Para entender la lucratividad por prohibición no hay que romperse la cabeza: Supóngase un grupo de productores de tequila o personas que conocen el proceso de elaboración de tequila; de repente, al Gobierno Federal se le ocurre que aquello del tequila es cosa del diablo así que lo prohíbe. La mayoría de los productores de tequila cierran o diversifican sus negocios, pero a la gente le gusta el tequila y buscará dónde adquirirlo. La demanda generará la oferta. Algunos de los productores seguirán fabricando tequila y vendiéndolo a quien lo pide; algunos de ellos serán descubiertos, otros, generalmente los que tienen recursos para sobornar a los encargados de hacer valer la prohibición –que suelen ser policías que ganan uno o dos salarios mínimos–  seguirán produciendo, pero acapararán la demanda que incrementará en función de la disminución de ofertantes, por lo que el precio sube. Pero no sube sólo en función de la demanda, pues a los costos de producción hay que aumentarle el costo de los sobornos.

Conforme aumenta la demanda, el productor de tequila necesitará, paulatinamente, campos de agave de mayor extensión, un mayor número de destiladoras, embotelladoras y, desde luego, puesto que la empresa es ahora mucho más notoria, habrá que sobornar a funcionarios de mayor nivel que exigen un soborno cada vez mayor.

La ambición de cualquier empresario hace el resto: a mayor riesgo debe haber mayores ganancias y, desde luego, puesto que nos encontramos en los terrenos de la transgresión sistemática de la ley: Armas.

Además está el problema de la competencia. A mayor competencia menores ganancias; quizá no haya en el mundo mejor aplicación de las teorías del Laissez faire que en el narcotráfico. Los productores tienen sólo tres opciones: Competir disminuyendo precios, mejorar la calidad del producto o eliminar a la competencia. En México suele competirse disminuyendo costos a costa del salario y las prestaciones del trabajador –esa, por cierto, es la estrategia del Gobierno Federal en materia de competitividad económica y el trasfondo de la actual Reforma Laboral– pero en el campo de la ilegalidad fastidiar a tus trabajadores puede costarte muy caro, como decía Mario Puzo: la lealtad es el sustento de toda organización criminal, y la lealtad se gana cuando ninguno pierde; por lo que esa no es opción. Mejorar la calidad del producto, en este país, es algo así como pecado mortal o, cuando menos, una idea absolutamente inaprensible para el empresariado mexicano independientemente de lo que merquen; de lo que se desprende que eliminar a la competencia es la opción más viable.

No hay que sorprenderse, cualquier empresa está tentada a lo mismo; así se arreglaron muchos conflictos entre competidores en el pasado y así se siguen arreglando; sólo memórese cómo Tv Azteca se apoderó del Canal 40 asaltándolo con un comando armado bajo la mirada displicente del entonces presidente Fox. Las empresas legalmente establecidas tienen métodos más finos pero igualmente exterminadores de la competencia. Los gremios empresariales, por ejemplo, tienen la costumbre de formular normas reguladoras de la actividad empresarial que la Secretaría de Economía aprueba sin siquiera leerlas. Dichas normas establecen regulaciones con parámetros que las pequeñas empresas no pueden cumplir –como tener una bodega de 600 metros cuadrados, herméticamente sellada, en una zona no urbana para almacenar productos–; una vez aprobada la norma, la Secretaría realiza una cacería y clausura a todas las empresas que no cumplen con las normas; dejando sólo a unas cuantas grandes empresas en la competencia. Pero volvamos a nuestros productores de tequila…

Sin proponérselo, el productor de tequila ilegal se convierte, de pronto, en el sustento de una inmensa cantidad de personas. Los sembradores de agave se ven mejor remunerados que antes; lo mismo ocurre con los destiladores. Las autoridades encargadas de hacer valer la prohibición duplican sus ingresos. Se genera una enorme cadena de distribución que prorratea sobornos a su paso. Las comunidades donde se produce el agave mejoran notoriamente, derramando recursos hacia un montón de pequeños comercios legalmente establecidos. Si el productor de tequila no es un tirano: Construye escuelas, iglesias, centros deportivos y demás, mientras se enriquece descomunalmente. Eventualmente, hasta se le considera un santo –de ahí que “La Familia” en Michoacán amenace con suspender sus labores humanitarias–; por lo que, sin importar lo que diga la televisión, en su comunidad se le aprecia y nadie en su juicio lo denunciaría. Acusar al productor de tequila implicaría el fin de la derrama económica: Los agricultores volverían a la miseria, los destiladores a salarios precarios, los policías a sus salarios mínimos, las autoridades a ingresos normales, los distribuidores a salarios de transportista, etcétera. Esto, por no mencionar a los banqueros encargados del lavado de dinero que, en términos sencillos, significa convertir dinero ilegal en dinero legal.

Así, una prohibición absurda genera un inextirpable negocio ciclópeo enraizado en la sociedad y en las instituciones todas. Esto es lo que ha ocurrido con el narcotráfico en México; ha permeado en la sociedad de tal manera que resulta imposible deshacerse del mismo. Estoy seguro que sin narcotráfico este país sencillamente se iría a la ruina. Lo que me lleva a la segunda fuente: El sistema económico.

Cuando se piensa en los motivos sociales que han llevado a una considerable proporción de la población a dedicarse a actividades ilegales suele pensarse en la pérdida de valores. Esa afirmación es tan obtusa que o salió de la Iglesia o de algún guionista del Chavo del ocho.

Por difícil que parezca de creer, la mayoría de las madres no educan a sus hijos para convertirse en narcotraficantes. Pocas son las madres que reciben a sus retoños de la escuela con un tierno abrazo mientras aconsejan: “Cuando seas grande deberías ser sicario y degollar fulanos, mira, te compré un machete para que vayas practicando”. La televisión no educa a los niños más que hace veinte años y, sin importar la insensatez de los padres, la mayoría nalguea concienzudamente a sus pequeños cuando los suspenden en la escuela. Poco tienen que ver los valores en este asunto, los mexicanos seguimos siendo los mismos salvajes guadalupanos que éramos hace diez, veinte o cincuenta años. Lo que ha cambiado es el sistema económico.

Vivimos en un sistema capitalista pero a la mexicana. Como Cruzados, defendemos el libre mercado enarbolando la propiedad privada como estandarte y anatemizando las políticas “populistas” de Belcebú Echeverría, como si aquellas y no el sabotaje económico de los potentados mexicanos coludidos hubiese sido la causa de la debacle económica del país en los 70’s. El problema, o al menos el más importante, es que para que el libre mercado funcione requiere ineluctablemente de competencia, y toda competencia implica equidad de condiciones. Dicha equidad no existe ni existirá en este país pues para que eso ocurriese el Estado tendría que imponerse y eso no pasará porque quienes “gobiernan” son los mismos que han monopolizado los mercados.

Los potentados mexicanos, los dueños de los medios masivos de información –valga la redundancia– y los gobernantes mexicanos, conforman una masa relativamente homogénea de intereses y mamadera de recursos, a la que denomino: La sanguijuela mexicana. Y la sanguijuela mexicana tiene como única misión existencial mantener el estatus quo a no ser que un cambio cualquiera apuntale su poder o les genere más recursos.

Pero exponer a la sanguijuela no es el objeto de este texto. Lo importante es explicitar lo evidente. Hace algunos días, panistas y priistas discutían los logros de sus administraciones; es decir, se acusaban entre sí por las ineficiencias de sus Gobiernos. Entre dimes y diretes expusieron algunas estadísticas que, no me queda duda, deberían convertirse, a partir de ahora, en el sistema de valoración de efectividad de los gobiernos mexicanos: Número de pobres generados por minuto; ¡Jamás he visto una razón más confiable y válida! ¡Vivimos en un sistema económico que genera pobreza!

Desde la administración de Miguel de la Madrid, el nivel de vida de los mexicanos es cada día peor, y no es cuestión únicamente del desempleo. Trabajo hay, pero terriblemente mal pagado. Ayer, el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus estado de México, estimó que este año 54 millones de mexicanos se encontrarán en condiciones de pobreza debido a “la precariedad en el empleo y los bajos salarios que persisten”, y aunó que “el ingreso mínimo representa apenas una cuarta parte del poder adquisitivo que tenía en los años 70 del siglo pasado”. Investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM sostienen lo mismo, y arguyen que entre el 2006 y el 2010 el poder adquisitivo de los mexicanos ha caído en un 47.1%; el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó una caída de 20% sólo en el 2009; La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Informe mundial sobre salarios 2010-2011, le dio a México el penúltimo lugar en poder adquisitivo en América latina, sólo por arriba de Guayana, y por debajo de Nicaragua o ¡Haití!

No obstante los delirios etílicos de Felipe Calderón, es evidente que el sistema económico sólo sirve para generar pobreza en las mayorías y riqueza excesiva en unos cuantos. La precariedad económica de los mexicanos aunada a las oportunidades que ofrece la vida delictiva explican, sin necesidad de mayor análisis, las razones por las cuales la gente opta por actividades criminales. Se trata, sencillamente, de la única opción que la mayoría de los mexicanos tiene para no vivir en la miseria. Se trata de un oficio lucrativo, donde se corren riesgos, sí, pero en el que no se vive esclavizado por un patrón empecinado en acaparar recursos a expensas de sus trabajadores, o a la espera de perder lo invertido en una pequeña empresa que será clausurada en una razia de la Secretaría de Economía, o ahogada en impuestos para seguir cebando a la sanguijuela.

Dedicarse al narco significa recursos y poder; significa salir de la miseria, darle una mejor vida a los hijos, tener una casa, poder pagar un médico y todas esas cosas de las que la clase media y media-alta, es decir, nosotros que tenemos internet para leer los desvaríos de un fulano, sí disfrutamos.

Ahora, puesto que dos son las causas del engrosamiento del narcotráfico en México: Hay dos soluciones que, en mi opinión, deberían aplicarse simultáneamente. La primera es la legalización de algunas drogas. Esta sería la única manera de mermar el inmenso poderío económico de los narcotraficantes; esto es lo que hicieron en Holanda. Pero ello resultaría en la ruina económica del país, y podríamos hacer enojar a nuestros patrones norteamericanos.

La segunda es una transformación del sistema económico. En lo personal, yo no creo en el socialismo pues es una teoría muy bonita que siempre resulta en dictaduras, pues requiere de un control excesivo. Además parte de la limitación de las libertades lo cual, a mi gusto, lo hace un sistema indeseable per se. Esto, por no mencionar que su instauración en México es categóricamente imposible.

La transformación, entonces, debe encaminarse ya hacia un sistema mixto –como el existente muchos países de Europa del norte– o bien, hacia un sistema de libre mercado pero con un estado fuerte y decidido que haga valer, sin excepción alguna, las normas que permitan una competencia equitativa. Esto, desde luego, implicaría la transformación de muchas instituciones y subsistemas –como el educativo y el judicial– pues los mexicanos no estamos educados para convertirnos en empresarios.

Pero, en vez de esto, Felipe Calderón ha decidido emprender una guerra imposible de ganar contra el narcotráfico; una guerra contra un sector de la población vapuleado a más no poder que encontró en el narco una manera de subsistir y que arremeterá con vehemente salvajismo contra quien le priva de su modo de subsistencia.

Por supuesto, los narcos no son ningunos angelitos; sus filas se engrosan con el Lumpenproletariat, inculto, brutal y sin nada que perder. El descabezamiento de los gremios ha resultado en segundos y terceros al mando que se pelean el poder; la restricción de sus actividades narcomercantiles ha derivado en la diversificación de actividades ilícitas que les permitan sostener su antiguo estilo de vida; y, aunque suene absurdo, los narcotraficantes “caritativos” de ayer no son los de hoy, y en muchas comunidades son verdaderos tiranos.

Pero quizá haya una tercera solución y mucho más viable: Regresar a la estrategia priista: Apoyar grupos específicos, exterminar a los grupos opuestos, generar monopolios, controlar a los líderes y laissez passer; es bastante probable que esto sea lo que ocurra, sólo habrá que esperar a que Felipe deje la presidencia y seguir contando muertos.

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Abril - 14 -2011